PROCEDIMIENTOS GIRONA

El procedimiento ordinario por delitos graves (sumario) para delitos castigados con pena privativa de libertad superior a 9 años

El procedimiento abreviado para delitos castigados con pena privativa de libertad de hasta 9 años; o bien con cualesquiera otras penas, ya sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración

los delitos leves son infracciones penales que se sancionan con penas leves, como multas, trabajos en beneficio de la comunidad o, en casos excepcionales, penas de prisión breves

(cuyo ámbito de regulación es con el art. 795 LECRIM) es INICIADO de oficio o al mismo se puede llegar por una transformación de diligencias previas a diligencias urgentes. El atestado policial (292 a 297 LECRIM) se comunica al Juzgado Instructor quien dicta el Auto de incoación de diligencias urgentes (797 LECRIM) que acuerda la práctica de diligencias. El Juez/a oirá a las partes y al Ministerio Fiscal (Art. 798.1 LECRIM) y dictará resolución de * conformidad y sobreseimiento * diligencias suficientes o * diligencias insuficientes. De las insuficientes podrá acordarse el procedimiento abreviado (757 a 794 LECRIM). En base el art. 800 LECR podrá adoptarse la apertura de juicio oral del que si hay acusación sin conformidad se acuerda celebrar juicio oral (786 a 788 LECRIM).

El procedimiento se incoa a raíz de las diligencias policiales que al llegar a FISCALIA PROVINCIAL DE GIRONA incoa diligencias preliminares. El Ministerio Fiscal es competente para investigar los hechos y resolver sobre estos de acuerdo con lo que dispone el artículo 5 de la Ley 50/81, que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y los artículos 6, 16.2 y 23 de la Ley Orgánica 5/2000. En base al artículo 30.1 de la Ley Orgánica 5/2000 se podrá decretar la conclusión del expediente para remitirlo al Juzgado de Menores con los previos escritos de alegaciones a fin de abrirse la fase de audiencia

es el procedimiento para la extradición activa (arts. 824 a 833 LECrim), es decir, cuando son las autoridades españolas las que efectúan la reclamación, ya que la extradición pasiva se encuentra regulada en la Ley 4/1985, de 21 de marzo. Y por supuesto, el de extradición pasiva, cuando es España el Estado requerido y que se regula en la Ley 4/1985, de 21 de marzo. Y junto a ellos, la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, que entre otros instrumentos recoge la orden europea de detención y entrega, basada en un proceso de entrega dotado de mayor rapidez y seguridad jurídica, y que fue incorporada al Derecho español a través de la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención y entrega y la Ley Orgánica 2/2003, de 14 de marzo, complementaria de la anterior (hoy derogadas)